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miércoles, octubre 05, 2005

Un estatuto que sirve para poco


La proposición de Ley del Estatuto del Periodista presentada por presentada por IU de Cataluña es un texto que deja mucho que desear para los profesionales de la profesión, en especial, porque sugiere la creación de dos órganos institucionales, uno estatal y otro autonómico, encargados de regular las informaciones periodísticas de los distintos medios.

El primero de ellos, según el Capítulo VI del documento, es el Consejo Estatal de la Información que “será dotado económicamente por medio de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)” y que “es un organismo independiente del poder ejecutivo y que rinde cuentas de su actuación al poder legislativo”. No deja de sorprender como un ente que recibe dinero público puede ser independiente del Gobierno. Los recientes hechos acaecidos con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pone de manifiesto que el poder Ejecutivo cuando algo no le conviene lo deja de apoyar económicamente o les reduce sus dotaciones.

Asimismo, este organismo estará compuesto por 20 personas: ocho periodistas, de los que cuatro serán elegidos por mayoría de dos tercios en el Congreso y los otros cuatro por la misma mayoría en el Senado. Cuatro representantes de las asociaciones empresariales de la comunicación, elegidos al cincuenta por ciento de la misma forma que el anterior. También habrán dos juristas, cuatro representantes sindicales (cuya ideología está claramente definida) y cuatro representantes de asociaciones de consumidores, radioyentes o telespectadores.
Por otro lado están los Consejos de la Información Autonómicos (artículo 32) que serán los encargados de “otorgar las competencias de acreditación, deontológicas y de estudio a órganos públicos”. Es decir, que de ellos dependerá si alguien es periodista o no.


Estas dos medidas son una barrera para el ejercicio de la profesión. A pesar de que el texto tiene aspectos positivos como el desarrollo del secreto profesional, la cláusula de conciencia,la implicación de los redactores en la línea editorial del medio, así como facilitar el acceso a las fuentes y a documentos públicos (algo prácticamente imposible en la actualidad aunque tenemos el derecho) es cierto que tiene otros puntos, como los dos citados, que son claramente intervencionistas.

Desde mi punto de vista creo que la creación de un estatuto del periodista es innecesaria. Cualquier persona que haya trabajado en un medio de comunicación sabe que cuáles son las características de esta profesión y sabe que si se inventa noticias, miente descaradamente y utiliza los información privilegiada para beneficiarse le despedirán porque irá en contra de su periódico. Por lo menos en la prensa regional. Son obvias. La profesión debe autorregularse.

Sin embargo, el principal problema que tiene el periodista es la precariedad laboral. Aprovecharse de ello para amordazar a la prensa es una táctica de bajos fondos que debería avergonzar a los que proponen este estatuto. Y los periodistas lo que queremos, ni más ni menos, es tener los mismos derechos que los demás, es decir, cotizar en la seguridad social, no tener contratos basuras, no trabajar todos los días más de diez horas diarias,..

No obstante, en un medio digital he leído que en el código deontológico de la proposición pone que el periodista no debe “difundir informaciones recibidas confidencialmente (…)”. Es cierto, pero se les ha olvidado o han omitido lo que viene a continuación “(…) salvo permiso expreso o tácito de la fuente”.

No necesitamos que nos digan como tenemos que trabajar.
Lo único que queremos, como cualquier trabajador, es tener
derechos y no padecer la precariedad laboral que sufrimos. Somos de los colectivos profesionales que más la sufren. Y además con el resquemor que produce el tener que ir a las ruedas de prensa de los sindicatos, esos paladines de los derechos laborales que, literalmente, se ríen en nuestra cara.